El problema no es que falten ayudas
Es que quien tiene derecho no las pide.
Las prestaciones existen y están publicadas. Lo que falla es el trayecto entre la norma y la persona: la información está repartida entre el SEPE, la comunidad autónoma, la Seguridad Social y el BOE, cada uno con su lenguaje y su sede electrónica.
El resultado es conocido dentro de la Administración: hay derechos reconocidos que no se ejercen. No porque la persona no cumpla, sino porque no sabe que la prestación existe, la solicita en el orden equivocado y la pierde, o da por hecho que no le corresponde y ni pregunta.
Tres ejemplos reales, todos evitables con información en el momento adecuado:
- Quien se da de alta como autónomo antes de solicitar el pago único pierde el derecho a capitalizar su prestación. El orden es irreversible.
- Quien agota el paro cree con frecuencia que pierde la tarjeta sanitaria y deja de acudir al médico. No es cierto desde el Real Decreto-ley 7/2018.
- Quien no sabe cómo se llama la renta mínima de su comunidad no puede buscarla. Hay diecinueve nombres distintos para la misma idea.
Qué existe ya
No es un prototipo ni una maqueta: está publicado y se puede abrir ahora mismo.
Cómo funciona
La persona responde a una serie de preguntas y obtiene un plan ordenado: qué solicitar, en qué orden, con qué documentación, en qué plazo y con enlace a la fuente oficial de cada prestación.
Tres decisiones de diseño que la hacen defendible
La elegibilidad la calcula código determinista, no un modelo de lenguaje. El mismo caso produce siempre el mismo resultado y cada respuesta es trazable hasta el requisito concreto que la generó. Una decisión sobre una prestación pública tiene que poder auditarse; un modelo generativo no ofrece esa garantía.
El silencio nunca se interpreta como una negativa. Si falta un dato, la ayuda se marca como probable, jamás se descarta. Descartar por error una prestación a la que alguien tenía derecho es el fallo caro: la persona nunca llega a saber lo que perdió.
Nada se almacena. Todo el cálculo ocurre en el navegador. No hay servidor de aplicación, ni cuenta de usuario, ni base de datos. Solo se cuentan visitas de forma anónima y agregada, sin cookies: qué página se abre, nunca lo que se responde. Se piden datos sensibles —ingresos, discapacidad, violencia de género, convivencia— y la única forma sólida de garantizar que no se filtran es no llegar a tenerlos nunca.
Lo que no está verificado, dicho en voz alta
Esta sección es deliberada. Si esto le interesa a un organismo público, tiene que saber exactamente qué está mirando.
| Territorio | Ayudas estatales | Renta mínima | Otras autonómicas |
|---|---|---|---|
| Comunidad de Madrid | Completas | Con cuantía | 9 verificadas |
| Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Ceuta, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Melilla, Navarra, Región de Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana | Completas | Con cuantía, leída de su norma o facilitada por ellos | Pendientes |
Y desde el 16 de septiembre ya no hace falta preguntar para la mayoría. Casi todas las comunidades fijan su renta mínima como un porcentaje del IPREM en su propia ley, y esa ley es pública: Galicia el 78,2 % (Ley 10/2013), Castilla y León el 80 %. Leído el porcentaje, la cifra la calcula el motor desde el IPREM, así que en enero se actualizan todas a la vez sin tocar nada. Lo que se sigue pidiendo a una administración es solo lo que su norma no deja deducir.
Esto ya ha funcionado dos veces, y así se hizo. El 8 de septiembre de 2026 se escribió a Open Data Euskadi preguntando por la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos. Contestaron al día siguiente con la cifra, la norma que la fija —la Ley de Presupuestos de Euskadi para 2026— y el enlace oficial, y trasladaron además la consulta a Lanbide. Ese mismo día la ficha del País Vasco pasó de «sin cifras verificadas» a publicar 583,07 €/mes con su fuente, y quedó en abierto para que cualquiera la reutilice. El 16 de septiembre el Principado de Asturias hizo lo mismo: su unidad de transparencia respondió con el enlace a la ficha de su sede electrónica donde constan todas las cuantías del Salario Social Básico, y ese mismo día la ficha de Asturias pasó a publicar 514,21 €/mes con su norma. Coste para la administración: un correo. Es exactamente lo que se pide en esta propuesta, y es el motivo de que se pueda pedir sin pedir nada más.
Desde el 30 de octubre de 2026 las 19 rentas mínimas llevan cuantía. La última fue la de la Comunidad Valenciana: su Ley 2/2026 unifica las modalidades y fija una cuantía nueva en su anexo I (793,80 €/mes para una persona sola), en vigor desde el 20 de octubre. Mientras no lo estuvo, apareció marcada como «Sin cifras verificadas», con su enlace oficial.
Publicar un importe sin contrastar sería el peor error posible aquí: prometer dinero público a alguien que no lo va a recibir. Se prefiere admitir el hueco. Y es exactamente el hueco que una administración puede cerrar sin coste, porque ya tiene el dato.
Otras limitaciones honestas
- La accesibilidad está autoevaluada según la UNE-EN 301549:2022 (WCAG 2.1 AA) y publicada, pero no se ha probado con lectores de pantalla reales ni con personas usuarias con discapacidad. Hasta hacerlo no se puede afirmar conformidad plena.
- Lo mantiene una sola persona. Ese es hoy el mayor riesgo del proyecto, y la razón de esta propuesta.
- El ámbito son las ayudas a las que puede acceder una persona por su situación económica y laboral, a cualquier edad. No cubre pensiones contributivas, dependencia ni ayudas agrarias.
Tres peticiones, de menor a mayor compromiso
Están ordenadas a propósito. La primera no exige presupuesto, ni contratación, ni convenio, ni decisión política.
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Sin coste · sin trámite · respuesta en días
Confirmen o corrijan los datos de su comunidad
Un correo con las cuantías y requisitos vigentes de su renta mínima, o simplemente el enlace correcto y actualizado. Eso convierte una ficha «sin cifras verificadas» en información completa para toda la ciudadanía de su territorio, y queda publicada en abierto para que cualquiera la reutilice.
Es la petición más barata que puede recibir un organismo y la que más impacto tiene por unidad de esfuerzo.
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Sin coste · uso interno
Pruébenla en servicios sociales o en una oficina de empleo
Quien atiende presencialmente hace este trabajo a mano todos los días: recordar qué prestaciones existen, en qué orden se piden y qué requisitos las bloquean. La herramienta no sustituye ese criterio profesional; le ahorra la parte mecánica y evita omisiones.
No requiere instalación, ni cuenta, ni integración: se abre en un navegador. Un piloto en una sola oficina durante un mes es suficiente para saber si sirve.
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Requiere decisión · a medio plazo
Reutilícenla, intégrenla o mejórenla
El código y los datos están publicados con licencia libre. Pueden desplegar su propia versión, integrar el catálogo en un servicio existente, o tomar el método y hacerlo mejor con sus propios medios.
No hay nada que comprar. Si el resultado es que la Administración construye algo superior y esto deja de hacer falta, el objetivo se habrá cumplido igual.
Por dónde empezar
Los portales de participación ciudadana y los buzones generales están diseñados para quejas y sugerencias sobre servicios existentes, no para valorar una herramienta. Sirven como registro, no como primera vía.
El orden que más probabilidades tiene de llegar a alguien con capacidad de decidir:
- Servicios sociales municipales y entidades del tercer sector. Son quienes tramitan las rentas mínimas en toda España y quienes sienten el problema a diario. Pueden decir que sí mañana, sin procedimiento administrativo alguno.
- La unidad de datos abiertos o de transparencia de la comunidad autónoma. La petición número uno encaja exactamente en su competencia y en la Ley 37/2007 de reutilización de la información del sector público. Es un «sí» fácil de dar.
- La dirección general competente en inclusión o en empleo, ya con el uso real de los dos puntos anteriores como aval. Una herramienta que tres ayuntamientos ya usan es una conversación distinta a una herramienta que nadie ha probado.
El argumento que mejor funciona no es «he hecho una web». Es: «ustedes tienen el dato correcto y yo tengo el trabajo hecho de ponerlo donde la gente lo encuentra. Publíquenlo y lo integro en abierto para todos.»
Orientación informativa, no asesoramiento jurídico. Esta herramienta no es un servicio oficial ni está vinculada a ninguna administración pública. No tramita solicitudes ni reconoce derechos. Cada ficha enlaza a su fuente oficial con la fecha en que se verificó, y la resolución de cualquier prestación depende siempre del organismo competente.